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lunes 10 diciembre 2018
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PIT-CNT se manifestó acerca de Madres y Familiares de Desaparecidos

El PIT-CNT emitió este lunes un comunicado sobre el abandono de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos, del grupo Verdad y Justicia.

DECLARACIÓN
El reciente abandono por parte de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos
desaparecidos del grupo de trabajo anunciado el 1 de marzo al asumir el Presidente de la
República o por cadena de radio y televisión, y que fuera posteriormente instalado dos
meses después, constituye a la luz de las razones argumentadas un hecho que no puede
pasar desapercibido si es que se quiere rectificar rumbos y encarar un eficaz y
adecuadamente un proceso de Verdad y Justicia sobre nuestro pasado reciente.
Desde el movimiento sindical y un conjunto de organizaciones en las que se recogen y
sintetizan una rica y larga experiencia reclamando en los últimos cuarenta años verdad y
justicia hemos señalado en reiteradas oportunidades las dificultades y trabas a nivel
gubernamental que son la causa de la situación de irresolución y en algunos casos de
franco retroceso existente. Cuando, desde el Observatorio Luz Ibarburu -a partir de cuya
actuación se pueden graficar objetivamente los graves problemas que afectan al proceso
de verdad y justicia- , se intentó dialogar en una audiencia de la CIDH, el Estado uruguayo
opto por no hacerlo.
Sobre esas dificultades hemos trabajado desde hace mucho tiempo para ayudar a
superarlas, ya sea reclamando y/o proponiendo medidas concretas. Eso es algo innegable y
ello nos da legitimidad y autoridad para afirmar, que el Estado uruguayo a los efectos de
dar cumplimiento a sus obligaciones emergentes del derecho internacional de los derechos
humanos, deberá necesariamente tomar urgentemente un conjunto de medidas
administrativas, legislativas y presupuestales de acuerdo a los estándares internacionales
establecidos por los organismos de supervisión.
Esas medidas, que reiteramos deben tomar el Estado en forma urgente, tienen que estar
en consonancia con el cumplimiento en tiempo y forma de la sentencia de la Corte IDH y
referirse a todos los temas pendientes referidos a las consecuencias de los crímenes
cometidos en el marco del Terrorismo de Estado.
En el pasado dictatorial y en el periodo de autoritarismo estatal que lo precedió, el Estado
uruguayo supo organizarse para aplicar sus políticas terroristas. Posteriormente en los
primeros gobiernos democráticos, el Estado supo organizarse para aplicar y sostener
políticas de impunidad. Los dos gobiernos que precedieron al actual, aunque tuvo
notoriamente políticas que se diferenciaron a los anteriores, el Estado no se organizó
adecuada y coherentemente para responsabilizar penalmente a los terroristas de Estado.
El hecho de no haber tenido el Estado uruguayo una política que desestructurara la
impunidad, no debe ubicarse sus causas solamente en los aspectos jurídicos. También tiene
que ver con aspectos de orden estructural e institucional. Aspectos estos que no deben
continuar recayendo en las espaldas de la sociedad civil y de las víctimas, sino que deben
ser encaradas y resueltas por el Estado.
El movimiento sindical, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, van a seguir
reclamando al gobierno lo que le hemos reclamado a todos los gobiernos anteriores: Un
plan de derechos humanos vinculado a los hechos del pasado reciente que cumpla con las
obligaciones que le estableció al Estado uruguayo la sentencia de la Corte IDH y que fuera
recogido en el informe de Pablo de Greiff el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición.

Fernando Pereira María
Presidente del PIT- CNT

Fernanda Aguirre

Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales
del PIT-CNT

 

 




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